RTF 08252-1-2013 y RTF 08997-10-2013 sobre Regalías Mineras: Beneficios de la estabilidad jurídica no se otorgan de manera general sino con relación a un proyecto de inversión específico

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septiembre 11, 2013 por leonardorh17052013

Mediante Resoluciones RTF N° 08252-1-2013, de fecha 21 de mayo del 2013, y RTF 08997-10-2013, de fecha 30 de mayo del 2013, las Salas 1 y 10 del Tribunal Fiscal en forma magistral resolvieron confirmar el contenido total de las Resoluciones de Intendencia en examen, puesto que Sociedad Minera Cerro Verde SAA se encontraba obligada a pagar regalías mineras por el mineral extraído y destinado “Proyecto de Sulfuros Primarios”, al no estar este proyecto amparado por el contrato de estabilidad suscrito entre el Estado peruano y el contribuyente, ni por ningún otro contrato de estabilidad.

La materia controvertida en el caso resuelto con ocasión de las Resoluciones RTF N° 08252-1-2013 y N° 08997-10-2013, se centró en establecer si las actividades vinculadas al “proyecto de Sulfuros primarios”, se encuentran dentro del alcance de la garantía de estabilidad otorgada por el contrato de estabilidad suscrito entre el Estado peruano y Sociedad Minera Cerro Verde SAA, y en consecuencia, si dicha entidad se encontraba obligada al pago de las regalías mineras por la extracción de minerales de la concesión “Cerro Verde N° 1, N° 2 y N° 3” destinados al “Proyecto de Sulfuros Primarios”.

Las Salas 1 y 10 del Tribunal Fiscal puntualizaron con claridad que el contrato de garantías y medidas de promoción a la inversión en la actividad minera tiene la naturaleza jurídica de los “contrato-ley”, mediante el cual el Estado se compromete a otorgar garantías y seguridades a los inversionistas, puesto que quién celebra este tipo de contratos está protegido contra las modificaciones legislativas que se realicen posteriormente. Seguidamente el Tribunal expone que lo que se busca con los contratos de estabilidad es brindar seguridad jurídica al inversionista en el sentido que la tasa interna de retorno de su inversión no se verá afectada por cambios legislativos posteriores, esto es, conociendo el inversionista cuáles serán las normas que se aplicarán puede tomar la decisión de invertir o no.

Considerándose el contenido del contrato, el Tribunal estableció sin dubitación alguna que la aprobación del “Proyecto de Sulfuros Primarios” se efectuó cuando ya se habían ejecutado las inversiones del “Proyecto de Lixiviación de Cerro Verde”, pues las inversiones relacionadas a este último fueron aprobadas el 23 de noviembre de 1998 mediante la Resolución Directoral N° 342-98-EM/DGM, mientras que la solicitud de instalación de la planta que da lugar al “Proyecto de Sulfuros Primarios” se dio en el año 2004, por lo que siendo así, no puede considerarse que éste último se dio dentro del Plan de Inversiones previsto en el “Proyecto de Lixiviación de Cerro Verde”. Resalta el Tribunal Fiscal que “de lo expresamente señalado en el contrato de estabilidad se observa que no sólo en el caso de una modificación sino también en el caso de una ampliación del Plan de Inversiones, contenido en el Estudio de Factibilidad, correspondía solicitar su aprobación a la Dirección General de Minería”.

Añade el Tribunal Fiscal que si la nueva inversión realizada por Sociedad Minera Cerro Verde SAA hubiese calificado como una ampliación del Plan de Inversiones dicho contribuyente estaba en la obligación de solicitar su aprobación a la Dirección General de Minería, por lo que si ante dicho supuesto (ampliación de la inversión inicial) había tal obligación, con mucha mayor razón en el supuesto que se tratase de una inversión nueva e independiente a la inicial.

A turno, el Tribunal Fiscal es contundente al establecer que el Proyecto de Sulfuros Primarios no se encuentra incluido en el contrato de garantías originario, tal como se puede evidenciar en las páginas 14 y 15 de la Resolución RTF N° 08252-1-2013. Precisa la citada Sala del Tribunal que luego de un análisis del contrato y de las normas involucradas se deduce que los beneficios de la estabilidad jurídica no se otorgan de manera general a favor del titular de la actividad minera o de alguna concesión minera determinada (en consecuencia se rechazó el argumento de fondo expresado por los representantes legales de Sociedad Minera Cerro Verde SAA), sino con relación a un proyecto de inversión específico, claramente delimitado en el Estudio de Factibilidad, el cual ha sido aprobado por el Ministerio de Energía y Minaspor cuanto lo que se busca a través de estos contratos es de conferir seguridad jurídica al inversionista en el sentido que la tasa interna de retorno de su inversión no se vea afectada por nuevas disposiciones, siendo que en el caso bajo análisis, la inversión minera del contrato de estabilidad está referida al “Proyecto de Lixiviación de Cerro Verde”, esto es, referida a la ampliación o mejoramiento del sistema de lixiviación de sulfuros secundarios.

En la parte final de la página 16 e inicial de la página 17 de la Resolución RTF N° 08252-1-2013 se indica con claridad que la Planta Concentradora de Flotación de Sulfuros Primarios, que da lugar al “Proyecto de Sulfuros Primarios”, no estaba previsto en el citado contrato  de estabilidad, por cuanto la solicitud de instalación de la citada planta se dio con posterioridad, y para ello Sociedad Minera Cerro Verde SAA tuvo que solicitar la ampliación del área (hectáreas) de la “Planta de Beneficio Cerro Verde”, hectáreas que no estuvieron consideradas en el referido contrato, más aún que a la fecha de suscripción del contrato de estabilidad con el Estado peruano y  Sociedad Minera Cerro Verde SAA sólo estaba autorizada para tratar minerales de cobre por el sistema de lixiviación, según se desprende de la Resolución Directoral N° 339-96-EF/DGM.

Refiere el Tribunal que ha quedado totalmente corroborado que el “Proyecto de Sulfuros Primarios” se trataba de un nuevo programa de inversión motivo por el cual se accedió al beneficio de inversión de utilidades no distribuidas, por lo que al tener la calificación de “nuevo” no puede considerarse que formaba parte de la inversión prevista en el contrato de estabilidad celebrado entre el Estado peruano y  Sociedad Minera Cerro Verde SAA.

Cabe destacar del contenido de estas brillantes resoluciones RTF que los beneficios de la estabilidad no han sido otorgados a la concesión minera “Cerro Verde N° 1, N° 2 y N° 3” o a la concesión de beneficio “Planta de Beneficio Cerro Verde”, ni respecto de cualquier actividad o inversión que se realice en ellas, sino respecto de un determinado proyecto que se desarrolla en dichas concesiones (“Proyecto de Lixiviación de Cerro Verde”), teniendo tal proyecto como objetivo la ampliación de la capacidad de producción de cátodos de cobre procedentes de la lixiviación de pilas de mineral de cobre, tal como se señala en el Estudio de Factibilidad presentado por la recurrente y que se recoge en el contrato de estabilidad suscrito.

Conviene resaltar el contenido de las páginas 27 y 28 de la Resolución RTF N° 08997-10-2013, donde se aprecia con suficiente claridad que la Sala 10 del Tribunal Fiscal descartó que sea aplicable para resolver el presente caso el contenido de la Resolución RTF N° 20290-1-2011 por cuanto esta última resolución analizó el supuesto de la compensación de resultados por parte de una empresa minera que tiene dos proyectos estabilizados con regímenes tributarios distintos, además, si bien en dicha resolución se señaló que una empresa con la que se celebra un contrato de garantías y medidas de promoción de la inversión puede tener “diversas unidades económico-administrativas con regímenes tributarios estabilizados en diferentes fechas, y por ende a cada unidad le resultan aplicables las normas del Impuesto a la Renta vigentes en distintas fechas”, ello no implica que el Tribunal al emitir la Resolución RTF N° 20290-1-2011 haya afirmado que únicamente o exclusivamente se puede tener regímenes jurídicos distintos en el caso que existan dos o más unidades económico-administrativas, siendo que además en la Resolución RTF N° 20290-1-2011 no se analizó cuál era el alcance del convenio de estabilidad al no haber sino ello materia de cuestionamiento.

A manera de crítica informamos que en la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos este tema lo teníamos claro desde 1997, sin embargo aún existen algunas personas que pregonan que solamente ellos y su grupo de amigotes son los únicos que conocen de estos temas, sin embargo en esta oportunidad el Tribunal Fiscal en forma brillante les “jaló de las orejas nuevamente”. Señores el conocimiento no es patrimonio personal de una sola universidad o de un grupo de amigos, ni siquiera de los profesionales que aportan a este espacio web, todo tema es discutible y por supuesto cuestionable “el presente caso es una muestra que la vieja concepción de la tributación de algunos dinosaurios está quedando desfasada y carente de contenido (puro aire es lo que pregonan sobre todo su argolla, puro aire sin mayor contenido más allá de la amplitud de la lingüística castellana) frente a la nueva concepción sistemática de la tributación que tiene como punto de partida, entre otros aspectos, la realidad económica y los principios de contabilidad”.

¿Entonces Alan Emilio, como debimos actuar en casos similares a estos?. Tres cosas importantes, en primer orden “quitarse esa tara intelectual que los tributaristas son solamente un grupo de amigos” (así se lo hacen creen a sus alumnitos), en segundo orden “tener la previsión de documentar, acreditar y sanear toda la documentación que acredite tanto sus contratos previamente al hecho de contenido económico, para no caer en tratar de defender lo que no previnieron antes. En tercer lugar, coordinen este y otros temas tributarios con gente que conoce del tema y no “cerrarse intelectualmente” (ostracismo) en creer ciegamente en quienes los adulan, más vale asesorarse antes por opiniones de diferentes profesionales (contadores, administradores, abogados, ingenieros, entre otros especialistas) y luego llegar a consensos óptimos antes de ir a SUNAT, al Tribunal Fiscal, al Tribunal Constitucional, al Ministerio Público o al Poder Judicial a decir que son amigos de los ministros, de “gentita linda” y otras nueces.

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Acerca de mi :

Leonardo Andrés Rivas Herrera : Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), miembro del Colegio de Abogados de Lima, con estudios de post-título por misma casa de estudios. Cuenta con estudios de maestría en “Docencia Superior” por la Universidad Ricardo Palma y en “Política Fiscal y Tributación” por la Universidad Nacional Federico Villareal. Ha seguido cursos en materia aduanera en ADEX, así como el Curso de Aduanas y de Administración Tributaria (CAT) cuadragésimo noveno (49º) organizado por SUNAT, entre otros eventos en materia tributaria. Ha trabajado en el área de cobranza coactiva en diversas municipalidades de Lima, así como en la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT. Correo: leonardorh1705@gmail.com

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